Competencias y funciones

El régimen de competencias de los municipios viene definido, con carácter básico, los artículos 25 a 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local (LRBRL), con las singularidades establecidas por otra parte por la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Islas Baleares.

 

El artículo 25 de la LRBRL dispone:

 

“1. El municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo.

2.El municipio ejercerá, en todo caso, como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las comunidades autónomas, en las siguientes materias:

a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación.

b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.

c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.

d) Infraestructura vial y otros equipamientos de su titularidad.

e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.

f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios.

g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte col • lectivo urbano.

h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.

e) Ferias, mercados centrales, plazas, lonjas y comercio ambulante.

j) Protección de la salubridad pública.

k) Cementerios y actividades funerarias.

l) Promoción del deporte e instala • instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.

m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales.

n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios de titularidad local de centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial.

o) Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

3.Las competencias municipales en las materias enunciadas en este artículo se determinarán por ley y se debe evaluar la conveniencia de la implantación de servicios locales de conformidad con los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera.

 

  1. La ley a que se refiere el apartado anterior deberá ir acompañada de una memoria económica que refleje el impacto sobre los recursos financieros de las administraciones públicas afectadas y el cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o la actividad. La ley debe prever la dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera de las entidades locales sin que ello pueda suponer, en ningún caso, un mayor gasto de las administraciones públicas.

 

Los proyectos de leyes estatales deben acompañarse de un informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en que se acrediten los criterios señalados antes.

 

  1. La Ley determinará la competencia municipal propia de que se trate, y garantizar que no se produce una atribución simultánea de la misma competencia a otra administración pública. “

 

 

 

El artículo 26 de la LRBRL dispone:

 

“1. Los municipios deben prestar, en todo caso, los siguientes servicios:

a) En todos los municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.

b) En los municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos.

c) En los municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instala • instalaciones deportivas de uso público.

d) En los municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: transporte col • lectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano.

2.En los municipios con población inferior a 20.000 habitantes es la Diputación Provincial o entidad equivalente la que debe coordinar la prestación de los siguientes servicios:

a) Recogida y tratamiento de residuos.

b) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.

c) Limpieza viaria.

d) Acceso a los núcleos de población.

e) Pavimentación de vías urbanas.f) Alumbrado público.

 

Para coordinar la mencionada prestación de servicios la diputación de proponer, con la conformidad de los municipios afectados, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la forma de prestación, consistente en la prestación directa por la diputación o la implantación de fórmulas de gestión compartida a través de consorcios, mancomunidades u otras fórmulas. Para reducir los costes efectivos de los servicios el Ministerio debe decidir sobre la propuesta formulada, que debe tener el informe preceptivo de la comunidad autónoma en la Administración que ejerce la tutela financiera.

Cuando el municipio justifique ante la diputación que puede prestar estos servicios con un coste efectivo inferior que el derivado de la forma de gestión propuesta por la Diputación Provincial o entidad equivalente, el municipio podrá asumir la prestación y coordinación de estos servicios si la diputación lo considera acreditado.

Cuando la diputación o entidad equivalente asuma la prestación de estos servicios debe repercutir en los municipios el coste efectivo del servicio en función de su uso. Si estos servicios están financiados por tasas y asume su prestación la diputación o entidad equivalente, debe ser ésta a quien vaya destinada la tasa para la financiación de los servicios.

  1. La asistencia de las diputaciones o entidades equivalentes a los municipios, que prevé el artículo 36, se dirigirá preferentemente al establecimiento y la prestación adecuada de los servicios mínimos. “

(Declarados inconstitucionales y nulos los incisos del apartado 2 marcados en cursiva.)

El artículo 27 de la LRBRL dispone:

“1. El Estado y las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, podrán delegar en los municipios el ejercicio de sus competencias.

La delegación debe mejorar la eficiencia de la gestión pública, contribuir a eliminar duplicidades administrativas y ser acorde con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

La delegación debe determinar el alcance, el contenido, las condiciones y la duración de la misma, que no puede ser inferior a cinco años, así como el control de eficiencia que se reserve la Administración delegante y los medios personales, materiales y económicos, que esta asigne sin que pueda suponer un mayor gasto de las administraciones públicas.

La delegación debe acompañarse de una memoria económica en la que se justifiquen los principios a que se refiere el párrafo segundo de este apartado y se valore el impacto en el gasto de las administraciones públicas afectadas sin que, en ningún caso, pueda conllevar un gasto mayor de estas.

2.Cuando el Estado o las comunidades autónomas deleguen en dos o más municipios de la misma provincia una o varias competencias comunes, esta delegación se hará siguiendo criterios homogéneos.

La Administración delegante puede sol • licitar la asistencia de las diputaciones provinciales o entidades equivalentes para la coordinación y el seguimiento de las delegaciones previstas en este apartado.

 

  1. Con el objeto de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de los servicios públicos y el servicio a la ciudadanía y, en general, contribuir a los procesos de racionalización administrativa, generando un ahorro neto de recursos, la Administración del Estado y las de las comunidades autónomas pueden delegar, siguiendo criterios homogéneos, entre otras, las siguientes competencias:

a) Vigilancia y control de la contaminación ambiental.

b) Protección del medio natural.

c) Prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia contra la mujer.

d) Conservación o mantenimiento de centros sanitarios asistenciales de titularidad de la Comunidad Autónoma.

e) Creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación de titularidad pública de primer ciclo de educación infantil.

f) Realización de actividades complementarias en los centros docentes.

g) Gestión de instalaciones • instalaciones culturales de titularidad de la Comunidad Autónoma o del Estado, con estricta sujeción al alcance y condiciones que derivan del artículo 149.1.28.ª de la Constitución Española.

h) Gestión de instalaciones • instalaciones deportivas de titularidad de la Comunidad Autónoma o del Estado, incluyendo las ubicadas en los centros docentes cuando se usen fuera del horario lectivo.

e) Inspección y sanción de establecimientos y actividades comerciales.

j) Promoción y gestión turística.

k) Comunicación, autorización, inspección y sanción de los espectáculos públicos.

l) Liquidación y recaudación de tributos propios de la Comunidad Autónoma o del Estado.

m) Inscripción de asociaciones, empresas o entidades en los registros administrativos de la Comunidad Autónoma o de la Administración del Estado.

n) Gestión de oficinas unificadas de información y tramitación administrativa.

o) Cooperación con la administración educativa a través de los centros asociados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

4.La Administración delegante, para dirigir y controlar el ejercicio de los servicios delegados, puede dictar instrucciones técnicas de carácter general y recoger, en cualquier momento, información sobre la gestión municipal, así como enviar comisionados y formular los requerimientos pertinentes para la reparación de las deficiencias observadas. En caso de incumplimiento de las directrices, denegación de las informaciones sol • licitadas, o inobservancia de los requerimientos formulados, la Administración delegante podrá revocar la delegación o ejecutar por sí misma la competencia delegada en sustitución del municipio. Los actos del municipio se pueden recurrir ante los órganos competentes de la Administración delegante.

 

  1. La efectividad de la delegación requiere su aceptación por el municipio interesado.

 

  1. La delegación debe ir acompañada en todo caso de la financiación correspondiente, para lo cual es necesaria la existencia de dotación presupuestaria adecuada y suficiente en los presupuestos de la Administración delegante para cada ejercicio económico, y es nulo • sin esta dotación.

 

El incumplimiento de las obligaciones financieras por parte de la Administración autonómica delegando faculta a la entidad local delegada para compensarlas automáticamente con otras obligaciones financieras que ésta tenga con aquella.

 

  1. La disposición o el acuerdo de delegación debe establecer las causas de revocación o renuncia de la delegación. Entre las causas de renuncia incluye el incumplimiento de las obligaciones financieras por parte de la Administración delegante o cuando, por circunstancias sobrevenidas, se justifique suficientemente la imposibilidad de su cumplimiento por la Administración en la que han sido delegadas sin menoscabo de la ejercicio de sus competencias propias. El acuerdo de renuncia la adopta el pleno de la respectiva entidad local.

 

  1. Las competencias delegadas se ejercen de acuerdo con la legislación del Estado o de las comunidades autónomas. “

 

Asimismo, el régimen de atribuciones de los distintos órganos municipales viene definido en los artículos 21 a 23 de la LRBRL.

 

Por lo que respecta a la Alcaldía, el artículo 21 de la LRBRL dispone:

“1. El alcalde es el presidente de la corporación y tiene las siguientes atribuciones:

a) Dirigir el gobierno y la administración municipal.

b) Representar al ayuntamiento.

c) Convocar y presidir las sesiones del pleno, salvo los casos previstos en esta Ley y la legislación electoral general, de la junta de gobierno local, y de cualesquiera otros órganos municipales cuando así se establezca en una disposición legal o reglamentaria, y decidir los empates con voto de calidad.

d) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales.

e) Dictar bandos.

f) Desarrollar la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado, disponer gastos dentro de los límites de su competencia, concertar operaciones de crédito, con exclusión de las previstas en el artículo 158.5 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre , reguladora de las haciendas locales, siempre que aquéllas estén previstas en el presupuesto y su importe acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere el 10 por ciento de sus recursos ordinarios, salvo las de tesorería que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento no supere el 15 por ciento de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, ordenar pagos y rendir cuentas; todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley reguladora de las haciendas locales.

g) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el presupuesto y la plantilla aprobados por el pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas.

h) Ejercer la jefatura superior de todo el personal, acordar el nombramiento y sanciones, incluida la separación del servicio de los funcionarios de la Corporación y el despido del personal laboral, y dar cuenta al pleno, en estos dos últimos casos, en la primera sesión que haga. Esta atribución se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 99.1 y 3 de esta Ley.

i) Ejercer la dirección de la policía municipal.

j) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización.

k) Ejercer las acciones judiciales y administrativas y defender el ayuntamiento en las materias de su competencia, incluso cuando las ha delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del pleno, y en este supuesto dando cuenta al pleno en la primera sesión que haga para su ratificación.

l) La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materias de la competencia de la alcaldía.

m) Adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de infortunios públicos o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas, dando cuenta inmediatamente al pleno.n) Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de las ordenanzas municipales, salvo en los casos en que esta facultad esté atribuida a otros órganos.

ñ) (Derogada)

o) Aprobar los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y estén previstos en el presupuesto.

p) (Derogada)

q) Otorgar las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al pleno o en la junta de gobierno local.

r) Ordenar la publicación y la ejecución de los acuerdos del ayuntamiento y hacerlos cumplir.

s) Las demás que expresamente le atribuyan la ley, y las que la legislación del Estado o de las comunidades autónomas asignen al municipio y no atribuyan a otros órganos municipales.

  1. Asimismo, corresponde al Alcalde el nombramiento de los tenientes de alcalde.
  2. El Alcalde puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, salvo las de convocar y presidir las sesiones del pleno y de la junta de gobierno local, decidir los empates con voto de calidad, la concertación de operaciones de crédito , la dirección superior de todo el personal, la separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral, y las enunciadas en los párrafos a), e), j), k), l) ym) del apartado 1 de este artículo. No obstante, puede delegar en la junta de gobierno local el ejercicio de las atribuciones previstas en el párrafo j). “

 

Por lo que respecta al Pleno, el artículo 22 de la LRBRL dispone:

 

“1. El Pleno, integrado por todos los concejales, es presidido por el Alcalde.

 

  1. Corresponden, en todo caso, en el pleno municipal en los ayuntamientos, y en la asamblea vecinal en el régimen de Concejo Abierto, las siguientes atribuciones:

a) El control y la fiscalización de los órganos de gobierno.

b) Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales; alteración del término municipal; creación o supresión de municipios y de las entidades a que se refiere el artículo 45; creación de órganos desconcentrados; alteración de la capitalidad del municipio y el cambio de nombre de éste o de aquellas entidades y la adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo.

c) La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística, así como los convenios que tengan por objeto la alteración de cualesquiera de estos instrumentos.

d) La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas.

e) La determinación de los recursos propios de carácter tributario; la aprobación y la modificación de los presupuestos, y la disposición de gastos en materia de su competencia y la aprobación de las cuentas; todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley reguladora de las haciendas locales.

f) La aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los expedientes de municipalización.

g) La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras administraciones públicas.

h) El planteamiento de conflictos de competencias a otras entidades locales y otras administraciones públicas.

i) La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios y el número y régimen del personal eventual.

j) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en materias de competencia plenaria.

k) La declaración de lesividad de los actos del ayuntamiento.

l) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público.

m) La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada ejercicio económico, exceda del 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto -salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 15 por ciento de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior- todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley reguladora de las haciendas locales.

n) (Derogada)

 

ñ) La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su contratación o concederlos, y cuando aún no estén previstos en los presupuestos.

o) (Derogada)

p) Aquellas otras que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una mayoría especial.

q) Las demás que expresamente le confieran las leyes.

 

  1. Igualmente, corresponde al Pleno la votación sobre la moción de censura al Alcalde y sobre la cuestión de confianza planteada por éste, que serán públicas y se llevarán a cabo mediante llamamiento nominal en todos los casos, y se rigen por lo dispuesto en la legislación electoral general.

 

  1. El Pleno puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en el Alcalde y en la junta de gobierno local, salvo las enunciadas en el apartado 2, párrafos a), b), c), d), e) , f), g), h), i), l) yp), y en el apartado 3 de este artículo. “

 

Por lo que respecta a la Junta de Gobierno Local, el artículo 23 de la LRBRL dispone:

“1. La junta de gobierno local del integra el Alcalde y un número de concejales no superior al tercio del número legal de concejales, nombrados y separados libremente por aquél, que dará cuenta al pleno.

 

  1. Corresponde a la junta de gobierno local:

a) La asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones.

b) Las atribuciones que el Alcalde u otro órgano municipal le delegue o le atribuyan las leyes.

3.Los Tenientes de Alcalde, por el orden de su nombramiento y en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, sustituyen el alcalde, y son libremente designados y removidos por éste de entre los miembros de la junta de gobierno local y, donde no exista, de entre los concejales.

4.El Alcalde puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los miembros de la junta de gobierno local y, donde no exista, en los Tenientes de Alcalde, sin perjuicio de las delegaciones especiales que, para tareas específicas , pueda hacer en favor de cualesquiera concejales, aunque no pertenezcan. “